Un ensayo sobre la inseguridad en México

ENSAYO SOBRE LA INSEGURIDAD EN MÉXICO

Por Sergio Uzeta Gutiérrez

A)¿Qué determinó el estado actual de inseguridad en México?

El crimen es, según la definición de Beccaria , un proceso de decisión racional. Es un comportamiento humano que responde a incentivos. La teoría de la elección racional señala que los criminales responden a incentivos económicos, al igual que los trabajadores. El atractivo a las actividades criminales está relacionado con la distribución del ingreso, desarrollo institucional, efectividad del gobierno  y la composición demográfica de la población. El costo del crimen tiene implicaciones económicas, como la reducción de la edad productiva, disminución en capital humano y en salud, reducción de ahorro y  por lo tanto reducción de crecimiento a largo plazo. 

No es un sólo factor el que explica por sí mismo el estado actual de inseguridad en México. Existen varios factores que determinan el estado actual de crimen y violencia en el país. Rodrigo Soares y Joana Naritomi (2010) encuentran por ejemplo que el incremento en desigualdad en el nivel de ingreso y la reducción del nivel de las actividades económicas, están relacionados significativamente con el crecimiento de las tasas criminales. A esto se le pueden sumar posturas sociológicas en las que la desigualdad crea cierto tipo de resentimiento y hace que además el umbral moral se debilite y exista lo que  P. Fajnzylber, D.Lederman y N.Loayza (2002) llaman efecto de envidia. Esta alternativa puede ser posible en países en donde las instituciones no evolucionan al mismo nivel que el desarrollo económico. 

Es la suma de diversos factores lo que explica la crisis de inseguridad actual. Algunos de los factores más relevantes son: la estructura económica y social del país, la desigualdad, los bajos niveles de encarcelamiento, pequeña fuerza policial, cambios en el mercado de la droga, la democratización, y la descentralización que ésta ha generado, un Estado de Derecho endeble y las estrategias de seguridad aplicadas contra el crimen organizado. Está demostrado por distintos estudios académicos que cada uno de éstos factores explica crecimiento en las tasas de crimen y violencia.

Con el fin de ser parsimonioso trataré de explicar el problema de una manera no abstracta. En el trabajo se analizan dos hipótesis concretamente:

H1: Las estrategias de seguridad implementadas actualmente son incorrectas, ineficientes y no cuentan con objetivos claros. No contamos con estrategias integrales en seguridad y las estrategias de seguridad actuales, de represión no condicionada, generan incentivos para que los criminales actúen de forma violenta.

H2: La democratización y descentralización del poder, como consecuencia de la misma, determinan los altos crímenes y el aumento de la violencia en el México actual. Como resultado de la democratización no contamos con un Estado de Derecho funcional, lo que a su vez causa impunidad, corrupción y genera incentivos perversos para los criminales. Bajo este esquema, los criminales obtienen beneficios altos y una baja probabilidad de ser encarcelados por sus crímenes y salir impunes de los mismos.

Las hipótesis plantean que en México la fragmentación política e institucional, junto a la determinación del gobierno de perseguir a todos los cárteles sin distinción llevó a aumentos de violencia entre cártel y estado. Considero que éstos factores son los que más agravan el problema de crimen y violencia en el país.

·Estrategia de seguridad (H1)

La estrategia de seguridad desde el sexenio anterior se ha centrado en una lógica de guerra, cuya meta única ha sido perseguir y aniquilar a miembros del crimen organizado. Ello ha implicado una anulación repetida del Estado de Derecho; la sustitución de capacidades locales por la intervención intermitente y arbitraria de fuerzas federales; la incapacidad para reconstituir policías locales; la fragmentación de grupos criminales que buscan fuentes alternativas de financiamiento en donde la federación no interviene, y la violación repetida de derechos humanos de ciudadanos. “Ni el gobierno ni la oposición han presentado un plan que establezca de forma clara los objetivos de los distintos niveles de gobierno, cómo específicamente ayudará la sociedad a lograr dichos objetivos, y financieramente cuánto nos costará. Lo que existen son muchos planes, acciones, fondos y buenos deseos.” La estrategia de “No truce no quarter” de FCH fracasó. La actual administración propuso un “México en Paz”, primera de las 5 metas que el Plan Nacional de Desarrollo se propone lograr. Ésta meta implica “el respeto y la protección de los derechos humanos…[Y] La prioridad, en términos de seguridad pública, será abatir los delitos que más afectan a la ciudadanía”. Existen diversos estudios de caso exitosos, en cuanto a la reducción de violencia, como el de Brasil y sus Unidades de Pacificación Policíacas (B.Lessing 2013) que comprueban que el tomador de decisiones debe elegir qué delitos y qué delincuentes combatir. “No es posible combatir todos los delitos y a todos los criminales simultáneamente. La mejor inversión es aquella que minimiza los efectos nocivos del crimen para la sociedad por lo que la política de seguridad debe enfocarse a los delitos violentos.” La estrategia descrita en “México en Paz” es correcta. Sin embargo, ésta no parece implementarse en la realidad. La única diferencia evidente en materia de seguridad entre el gobierno federal anterior y el actual había sido la reticencia de este último por colocar el tema en la agenda pública, especialmente en relación con el narcotráfico. El uso de la violencia para erradicar el tráfico de drogas genera problemas de selección adversa en el mercado de las drogas ya que sobrevivirán las organizaciones que tengan los medios para defenderse (P.Keefer, N.Loayza y R.Soares 2008). José Merino comprueba que  la “espiral violenta creció desmesuradamente en los estados en donde el gobierno federal realizó operativos conjuntos”. 

De acuerdo a Javier Osorio (2011), el incremento en la violencia se debe a la implementación no-selectiva de campañas de castigo en contra de los Drug Trafficking Organizations (DTOs). El argumento principal es que la violencia desencadena violencia de diferentes tipos. Osorio señala que se puede esperar que la violencia del Estado contra los DTOs sea para conservar el monopolio de la violencia. DTOs y Estado compiten en sus capacidades de movilizar recursos y acción colectiva; en la competencia entre estos actores la violencia aumenta: a la imposición, sucede la reacción, más violencia. Sin embargo, el Estado y los DTOs no compiten por los mismos objetivos. Mientras que el Estado busca mantener su monopolio, el DTO no se ve interesado en poseerlo, sino en utilizarlo para favorecer sus actividades comerciales. Su estudio concluye que la violencia desencadena más violencia, pero no sólo en un sentido bilateral, sino entre Estado-DTOs y al interior de los DTOs. El impacto de los mecanismos coercitivos del Estado sobre los DTOs sólo tiene éxito en disminuir la propensión de los DTOs a luchar entre sí. Asimismo, el Estado reduce los recursos de los DTOs para luchar entre ellos. Lo anterior también nos dice que entre los DTOs (antes del 2006) no era prioridad combatir al Estado, sino competir por más y mejores territorios, que sirvieran estratégicamente al cartel para incrementar sus beneficios económicos. Por lo tanto, entre mejor sea un punto geográfico para el DTO, más violencia debemos esperar. 

Lo argumentado, en ésta sección, confirma lo postulado en la primera hipótesis H1. Las estrategias de seguridad implementadas actualmente son incorrectas, ineficientes y no cuentan con objetivos claros. No contamos con estrategias integrales en seguridad y las estrategias de seguridad actuales, de represión no condicionada, generan incentivos para que los criminales actúen en forma violenta.

·Democratización-Descentralización y Estado de Derecho endeble (H2)

Otro factor que puede explicar estado actual de inseguridad en México de una forma más general, es la democratización que a su vez causa descentralización. En el transcurso de la democratización existen varios procesos simultáneos que abren lugar al crecimiento de actividades ilícitas. Durante la democratización se da una redistribución del poder y los recursos, empoderamiento de nuevos grupos, las instituciones del antiguo régimen no logran “acomodar” sus demandas y preferencias, y los derechos de propiedad no están bien definidos o protegidos. Esto genera conflictos de interés y son difíciles de resolver si no existen instituciones adecuadas para “acomodar” la participación y los recursos organizacionales son ineficientes (G.Becker 1968). La democratización genera lo que Luis Carlos Ugalde llama, en su artículo Nueva y vieja corrupción mexicana (Nexos),FLIME: Fragmentación, la cual genera corrupción competitiva. Liquidez, si la economía crece de un momento a otro, la riqueza aumenta, por lo que quien comete crímenes tiene la posibilidad de extraer más. Una economía que se había caracterizado por niveles bajos de crecimiento y que tiene pobreza tendrá agentes que encuentren rentable dedicarse a actividades ilícitas. La Impunidad es otro resultado esperable de la democratización y ésta manda el mensaje a los criminales de que la ley no siempre se aplica, lo cual causa un aumento en la tasa de crímenes. Y finalmente los Medios y los Empresarios, dos actores que debiendo jugar un papel de contrapeso y vigilancia social, con frecuencia han actuado más como cómplices del poder público. Gary LaFree y Andromachi Tseloni (2006) encuentran en sus resultados que los países que se mueven de autocracia a democracias en transición experimentan un aumento significativo en la tasa de homicidios. La perspectiva democratizadora de Durkheim parece predecir lo que está sucediendo en México como resultado de la democratización. La emergencia de nuevos roles que no están completamente institucionalizados e integrados a la sociedad hacen que la guía normativa sea ambigua y debilita mecanismos tradicionales de apoyo. Esto se traduce en anomia, desorganización social o tensión que aumentan la violencia. La idea de modernización es longitudinal, mientras los países están en transición, de tradicional a moderno, experimentan una serie de cambios que debilitan sus mecanismos de control social. En un Estado débilmente institucionalizado, los actores usan la violencia para expropiar territorios apreciados cuando no pueden llegar a soluciones negociables. La democratización trajo consigo el fin de lo que se llamó “mecanismos para la reducción de la violencia” (la ilusión denominada “paz priista”) y un Estado de Derecho endeble y no funcional. El Estado de Derecho es fundamental para la consolidación de la democracia y dejar atrás la democratización. El Estado de Derecho tiene requisitos mínimos que necesita y factores que lo sostienen, en México no contamos con ellos, algunos son la aplicación de leyes equitativa y universal, una policía profesional y respetuosa de los derechos y libertades de los ciudadanos y finalmente, los ciudadanos deben de contar con acceso equitativo a las cortes para defender sus derechos. El Estado de Derecho requiere de equidad política y es la base sobre la cual todas las demás dimensiones de la calidad democrática descansan. La cultura de legalidad surge de un Estado de Derecho fuerte y funcional. La falta de éste genera impunidad, que es la falta de aplicación de la ley y sanciones cuando ésta es violada, la impunidad genera corrupción y la corrupción da incentivos a los criminales para delinquir, ya que ésta les genera beneficios altos y una baja probabilidad de ser capturados. 

La consolidación del Estado de Derecho no puede hacerse por decreto, ya que no es algo que se acuerda, sino una serie de garantías y procedimientos construidos, preservados y fortalecidos por medio de instituciones bien diseñadas y dotadas de operadores –ministerios públicos, jueces, policías— capaces y responsables.

La primera hipótesis responde específicamente qué ha detonado la crisis de crimen y violencia en México durante los últimos sexenios, y la segunda nos ayuda a entender de una forma más general el origen del problema de inseguridad actual en el país.

B) Propuesta específica que contribuye a solucionar el problema

Una vez que se determinaron algunas causas de la inseguridad actual en México y habiendo observado lo descrito en la hipótesis 1,  la propuesta específica que haría sería cambiar la estrategia de seguridad. Pasar de una estrategia ofensiva que ataca fuego con fuego a una preventiva y de pacificación en la cual el objetivo principal sea reducir la violencia derivada de la guerra del Estado contra el crimen organizado. Pasar a una estrategia de represión condicional, en donde el Estado opta por atacar a los crímenes y a las organizaciones más violentas, dándoles incentivos para que cambien de estrategias y en lugar de preferir la confrontación directa con el gobierno, opten por estrategias menos violentas. 

La estrategia de seguridad actual, no funciona. En su texto, Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios:Una medición, Merino demuestra que la espiral violenta creció desmesuradamente en los estados en donde el gobierno federal realizó operativos conjuntos. Para ponerlo en perspectiva internacional, los estados con operativos tienen tasas de homicidios al nivel de algunos de los países más violentos del mundo, como Venezuela o Colombia; los estados “violentos sin operativos” se ubican en niveles similares a Rusia; mientras el resto del país se parece a naciones como Costa Rica o Lituania. Entre 2007 y 2009 INEGI reportó 42,064 homicidios totales, y el SNSP 39,563. Sin operativos conjuntos las cifras hubiesen sido 35,001 y 34,174, respectivamente. Por su parte, la base ACO reportó la suma de 35 mil muertos entre 2007 y 2010. Sin operativos, el número total hubiese sido 22,954. El tomador de decisiones debe elegir qué delitos y qué delincuentes combatir. Vidal Romero, argumenta que la mejor inversión es aquella que minimiza los efectos nocivos del crimen para la sociedad. “La política de seguridad debe enfocarse a los delitos violentos… No se debe dejar sólo en manos del gobierno la decisión sobre qué políticas aplicar y, especialmente su implementación… Las políticas de seguridad exitosas requieren continuidad en el tiempo; el gobierno es especialmente deficiente para la continuidad…Son las propias comunidades quienes tienen mejores incentivos para continuar programas que mejoren su entorno.” Hay distintos experimentos exitosos en materia de seguridad, muchos ya en uso cotidiano como en Brasil (B.Lessing 2013). En Brasil, la estrategia de pacificación y represión condicional por parte del Estado, le dio un giro positivo a la disminución de la violencia. La pacificación representa un giro hacia la represión condicional, el gobierno estatal anunciaba por adelantado las ocupaciones pacíficas, en donde se mantendría un perímetro de patrullaje y declaraba que los objetivos eran recuperar el territorio y no la captura de traficantes. Se establecieron batallones de las Unidades de Pacificación en  zonas conflictivas y el objetivo era reducir la violencia. La pacificación obligó a los cárteles a cambiar de estrategia violenta una no violenta. El cambio de estrategia aunado a batallones similares a las UPPs podría funcionar en México al igual que en Brasil. La Figura 2 fue obtenida del trabajo de Benjamin Lessing (2013), y en ella se observa la reducción de muertes de civiles a partir de la estrategia de pacificación.

Becker (1968) se hace la pregunta ¿cuánto crimen y que tipos de crimen estamos dispuestos a aceptar? Para resolver esto es necesario elaborar una estructura de costos. Tenemos que decidir que crímenes o delitos hay que atacar y reducir. Hay que enviar  el mensaje a los grupos criminales sobre qué tipos de comportamiento son “aceptables” y cuáles no. “Asimismo, se debe hacer explícita y publicitada ésta estrategia para generar el efecto adecuado en los criminales, quienes al ver incrementado el costo de cometer ciertos delitos pueden ser persuadidos a cambiar sus actividades a delitos no-violentos o, en el mejor de los casos, a actividades lícitas.” 

El Estado debe crear los incentivos adecuados para que las actividades criminales eviten la violencia que afecta a los ciudadanos. “El uso del poder coercitivo del Estado debe usarse selectivamente en contra de los criminales que hagan uso de la violencia. Crímenes como el secuestro y el robo que daña físicamente a las víctimas debieran estar en el primer lugar de inversión de recursos de la autoridad.”

Si los criminales se comportan de forma racional, como lo explica Becker (1968), deberíamos esperar que ante medidas como la sugerida, una organización criminal debería adaptar su comportamiento para sobrevivir. Y “si las organizaciones no se adaptan y si la política del Estado es consistente en el tiempo y es efectiva, entonces sólo sobrevivirán las organizaciones que menos utilicen la violencia. Esta debiera ser una meta básica de todo programa de mejora de la seguridad.” 

En la adopción de la nueva estrategia de seguridad es vital involucrar a la sociedad, ellos son el único elemento que trasciende sexenios y administraciones y son lo que tienen más incentivos para mejorar las condiciones de inseguridad, además son ellos los que saben cuáles son los comportamientos aceptados y no aceptados del lugar donde radican.  La democracia es un sistema que requiere participación. En Ciudad Juárez, Durango y Michoacán el involucramiento ciudadano y la participación de los mismos es lo único sustentable como factor exitoso. Los gobiernos necesitan del apoyo de los ciudadanos para combatir a los criminales, si no tienen esa confianza las intervenciones política están condenadas al fracaso. En un ambiente de desconfianza los ciudadanos pueden no denunciar a los criminales, o incluso cooperar con ellos, surge desconfianza hacia el gobierno, este pierde su habilidad para actuar contra el crimen, y el éxito a futuro del gobierno disminuye por lo que se crea un círculo vicioso en donde las organizaciones criminales son las ganadoras. El involucramiento ciudadano en las estrategias de seguridad podría romper ése círculo vicioso.

·Viabilidad política y económica:

El poder ejecutivo es el que decide la estrategia de seguridad, por lo que no debería ser un problema implementar la propuesta de cambio en la estrategia de seguridad. Además, la propuesta no requiere más presupuesto ni más burocracia de la existente, sólo hay que focalizar los recursos y esfuerzos a cuestiones específicas, como la reducción de la violencia en este caso. Hay que aprovechar la crisis actual de inseguridad para implementar un cambio en la estrategia. Sumar este objetivo a los establecidos por el decálogo expuesto en el “Pacto por la legalidad”.

·Qué soluciona: 

Si los resultados obtenidos se asimilan a los de Brasil, se lograría reducir la violencia. Y se sabe que la mejor inversión es aquella que minimiza los efectos nocivos del crimen para la sociedad. Asimismo, ante una reducción en la violencia, se lograría reducir la percepción de inseguridad en el país y esto genera confianza en el gobierno, inversionistas, etc. Una opción podría ser cambiar los objetivos de la Gendarmería y hacerlos similares a las Unidades Pacificadoras Policíacas de Brasil,  esto es totalmente viable tanto económica como políticamente.

·Qué no logra: 

Es probable que no se logre reducir el crimen en sí con esta estrategia, ni las externalidades negativas que trae consigo la actividad criminal para el país. El crimen siempre va a existir, hay que decidir qué crímenes y delitos combatir.

Bibliografía

·Becker, Gary.1968. “Crime and Punishment:An Economic Approach”. Journal of Political Economy 76(2):169-217.

·Benjamin Lessing.2013. “Violent Corruption and Violent Lobbying:Logics of Cartel-State conflict in Mexico,Brazil and Colombia. Working Paper.

·Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman y Norman Loayza.2002. “What causes violent crime?”. European Economic Review 46:1323-1357.

·LaFree, Gary and Andromachi Tseloni.2006. “Democracy and Crime: A Multilevel Analysis of Homicide Trends in Fourty-Four Countries,1950-2000”. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 605:25-49.

·Merino, José.2014.Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios:Una medición. NEXOS

·O´Donnel, Guillermo.2005. “Why the Rule of Law Matters”, en Diamond,Larry y Leonardo Morlino cords. Assessing the Quality of Democracy. Baltimore: The Johns Hopkings University press.

·Osorio, Javier.2011. “Dynamic and Structural Determinants of Drug Violence in Mexico”. Working Paper.

·P.Keefer,N.Loayza and R.R.Soares.2008. “The Development Impact of the illegality of Drug Trade”. The World Bank, Working Paper.

·Romero, Vidal .2014. México ante el reto del crimen e inseguridad. Disponible en www.cnnmexico.com/opinion/2014

·Soares, Rodrigo y Joana Naritomi.2010. “Understanding High Crime Rates in Latin America:The Role of Social and Policy Factors. An empirical Assessment, The World Bank, Washington, D.C.