Resulta más que llamativo que los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), estén cediendo a presiones de diversa índole para favorecer a un conjunto de personajes en el proceso licitatorio de materiales electorales en curso, que incluyen las casillas, las urnas y los crayones, entre otros artículos.
Es el caso de la empresa Formas Finas, de la familia Carranza, que se subió de último momento a esta licitación, utilizando a Fernando Fernández y Comercializadora Jvly S.A. de C.V., para inclinar la balanza a su favor, sabiendo que contaban con el respaldo de un consejero nacional del INE, mismo que ayudó a favorecer a otra empresa con el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y, sorpresivamente, de un personaje que regresa del pasado para seguir haciendo negocios: Emilio Gamboa Patrón, quien hace unos días regresó al terruño pretextando un compromiso social.
Todo este entramado compromete seriamente al Maestro Moisés Bates Aguilar, consejero presidente del Instituto Electoral local, y al resto de los consejeros, en una trama que podría poner en entredicho la entrega a tiempo de los materiales que los yucatecos necesitamos para acudir a las urnas el próximo 2 de junio.
Formas Finas ha sido señalada como una empresa que incumplió con la entrega, en tiempo y forma, de algunos materiales que solicitó el Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Lo mismo ocurrió en Oaxaca. Y ahora utilizan la razón social Comercializadora Jvly S.A. de C.V., que no tiene experiencia en la elaboración de materiales electorales, y sí mucha en materiales eléctricos.
Con esta adjudicación, el IEPAC de Yucatán está incumpliendo con el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que en su artículo 1º destaca que “Su observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas”.
Ahora bien, en cuanto a la adjudicación de la producción de los documentos y materiales electorales, el artículo 164.1. del Reglamento antes citado, establece lo siguiente:
“Artículo 164.
1.En la adjudicación de la producción de los documentos y materiales electorales, así como en la supervisión de dicha producción, el Instituto y los OPL deberán seguir los procedimientos que se precisan en el Anexo 4.1 de este Reglamento”.
En este sentido, el mismo Reglamento señala que:
“Uno de los requisitos más importantes tiene que ver con los antecedentes y experiencia de las empresas interesadas que se debe probar mediante la inclusión como parte de la proposición técnica de contratos celebrados con algún OPLE y cartas de satisfacción del Instituto respectivo, que, en calidad de fabricante directo, el licitante haya sido adjudicado".
Así también, el Anexo 4.1, que es el relativo a los Documentos y Materiales Electorales, y el inciso B. Materiales Electorales, específicamente en el numeral 6 inciso c) establece lo siguiente:
“Para la evaluación de las empresas participantes, así como a sus propuestas y prototipos se debe hacer una revisión exhaustiva, dado el caso, de:
c) Experiencia y especialidad: contratos, órdenes de compra o pedidos de compra completos establecidos con otros órganos electorales, en el que demuestre que fabrica materiales de la misma naturaleza del que se pretende contratar, cuya antigüedad no sea mayor a 5 (cinco) años”.
Si tomamos en cuenta lo anterior, resulta evidente que la Comercializadora Jvly S.A. de C.V., no tiene ninguna experiencia en la elaboración de materiales electorales, lo cual le impediría, de manera automática, el haber participado en esta licitación. Esto refuerza las sospechas de un favoritismo abierto y descarado hacia la empresa Formas Finas, de la familia Carranza, que utilizó a Fernando Fernández y Comercializadora Jvly S.A. de C.V., para inclinar la licitación a su favor.
Valdría la pena recordar al consejero presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar, y al resto de los consejeros de ese Instituto que son causas de remoción el violar y no acatar el Reglamento de Elecciones del INE, y realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, en ejercicio de sus funciones.
Así se establece en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Capítulo IV donde se establecen las causales para la remoción de los consejeros que está normado en el Artículo 102. Lo mismo ocurre con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, en su Artículo 123 Bis, donde se detallan las causas de remoción de consejeras y consejeros electorales, así como de las y los secretarios de los Consejos Distritales y Municipales.
En este contexto, resulta necesario recordar a los consejeros del IEPAC y su presidente que los señores Carranza se vieron envueltos en un escándalo que motivó la renuncia de todo el pleno de consejeros del Instituto Electoral mexiquense. Ellos son un peligro para el actual consejo del IEPAC yucateco.
Cuántos intereses en juego para una licitación de material electoral. Cuánta manga ancha para estos personajes que, también se comenta, cuentan con el favor del propio gobernador yucateco, Mauricio Vila Dosal.
Será que el consejero presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar, dobló las manos ante las presiones, torciendo la ley para favorecer intereses particulares que den al traste con el juego limpio y, al mismo tiempo, poner en riesgo la entrega de materiales electorales para las elecciones de junio próximo, e incluso también su propio cargo y el de sus compañeros consejeros. El tiempo corre, y el daño a los votantes yucatecos ya está hecho.
The Yucatan Electoral Council violates the INE Regulations and jeopardizes the election
It is more than striking that the members of the Electoral Institute and Citizen Participation of Yucatan (IEPAC) are succumbing to pressures of various kinds to favor a group of individuals in the ongoing electoral materials bidding process, including ballot boxes, ballot boxes, and crayons, among other items.
This is the case of the company Formas Finas, owned by the Carranza family, which joined this bidding process at the last minute, using Fernando Fernandez and Comercializadora Jvly S.A. de C.V., to tilt the balance in their favor, knowing they had the support of a national INE councilor, who helped favor another company with the votes of Mexican Residents Abroad and, surprisingly, a figure returning from the past to continue doing business: Emilio Gamboa Patrón, who recently returned to his homeland citing a social commitment.
All of this scheme seriously compromises Mr. Moisés Bates Aguilar, president councilor of the local Electoral Institute, and the rest of the councilors, in a plot that could cast doubt on the timely delivery of the materials that the people of Yucatan need to go to the polls next June 2.
Formas Finas has been pointed out as a company that failed to deliver some materials requested by the State Electoral Institute of the State of Mexico on time and form. The same happened in Oaxaca. And now they are using the corporate name Comercializadora Jvly S.A. de C.V., which has no experience in the production of electoral materials, but plenty in electrical materials.
With this award, the IEPAC of Yucatan is failing to comply with the Election Regulations of the National Electoral Institute (INE), which in its article 1 highlights that "Its observance is general and mandatory for the National Electoral Institute, the Public Local Organizations of the federal entities."
Now, regarding the awarding of the production of electoral documents and materials, article 164.1. of the aforementioned Regulations establishes the following:
"Article 164.
In the awarding of the production of electoral documents and materials, as well as in the supervision of said production, the Institute and the PLOs must follow the procedures specified in Annex 4.1 of these Regulations."
In this sense, the same Regulations indicate that:
"One of the most important requirements concerns the background and experience of the interested companies, which must be proven by including as part of the technical proposal contracts concluded with some PLO and satisfaction letters from the respective Institute, in which, as a direct manufacturer, the bidder has been awarded."
Likewise, Annex 4.1, which relates to Electoral Documents and Materials, and subsection B. Electoral Materials, specifically in numeral 6 subsection c) establishes the following:
"For the evaluation of participating companies, as well as their proposals and prototypes, a thorough review must be conducted, if necessary, of:
c) Experience and specialty: contracts, purchase orders, or complete purchase orders established with other electoral bodies, demonstrating that it manufactures materials of the same nature as those intended to be contracted, with an age not exceeding 5 (five) years."
Taking the above into account, it is evident that Comercializadora Jvly S.A. de C.V., has no experience in the production of electoral materials, which would automatically prevent it from participating in this bidding. This reinforces suspicions of open and blatant favoritism towards the company Formas Finas, owned by the Carranza family, which used Fernando Fernandez and Comercializadora Jvly S.A. de C.V., to tilt the bidding in its favor.
It is worth reminding the president councilor of the IEPAC, Mr. Moisés Bates Aguilar, and the rest of the councilors of that Institute that violating and not complying with the INE Election Regulations, and engaging in conduct that undermines the independence and impartiality of the electoral function, are causes for removal in the exercise of their functions.
This is established in the General Law of Electoral Institutions and Procedures in Chapter IV where the causes for the removal of councilors are regulated in Article 102. The same occurs with the Law of Electoral Institutions and Procedures of the State of Yucatan, in its Article 123 Bis, where the causes for the removal of electoral councilors, as well as secretaries of the District and Municipal Councils, are detailed.
In this context, it is necessary to remind the councilors of the IEPAC and its president that the Carranza gentlemen were involved in a scandal that led to the resignation of the entire board of councilors of the Electoral Institute of the State of Mexico. They are a danger to the current council of the Yucatan IEPAC.
How many interests are at stake for an electoral material bidding. How much leeway for these individuals who, it is also rumored, have the favor of the Yucatan governor himself, Mauricio Vila Dosal.
Could it be that the president councilor of the IEPAC, Moisés Bates Aguilar, folded under pressure, twisting the law to favor particular interests that undermine fair play and, at the same time, jeopardize the delivery of electoral materials for the upcoming June elections, and even his own position and that of his fellow councilors. Time is running out, and the damage to Yucatan voters has already been done.
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